Congreso de la AJB

Suspensión del afiliado José Luis Camarro

El pasado viernes 12 de diciembre se llevó a cabo en la sede gremial de la Departamental San Martín el último Congreso del año.

El Congreso, que según la convocatoria inicial debía sesionar en la ciudad de La Plata, fue trasladado a San Martín por decisión de la Comisión Directiva Provincial, a raíz de los sumarios iniciados a seis compañeros por el Fiscal General de ese Departamento Judicial, por retirarse de su lugar de trabajo en el marco de una medida dispuesta por la AJB. Dicha medida fue resuelta en asamblea por el suministro en el corte de agua que sufría el edificio del Ministerio Público desde hacía un día y medio.

Luego del informe realizado por el Secretario General de la AJB, compañero Hugo Blasco, los congresales se trasladaron hasta los Tribunales de San Martín, en donde se realizó un acto provincial en apoyo a los compañeros sumariados, además de reclamar al Dr. Marcelo Lapargo el cierre de los sumarios.

Resoluciones

En primer lugar se sometió a consideración el Balance del ejercicio anterior, el que fue aprobado por mayoría.

Asimismo, el Congreso decidió por unanimidad la suspensión de la afiliación del agente judicial José Luis Camarro, quien se desempeña como chofer del Fiscal General de Junín.

En esa ciudad se está llevando a cabo el juicio por la comisión de delitos de lesa humanidad durante la última Dictadura Militar. En varios testimonios Camarro, quien en esa época se desempeñaba como policía, fue señalado por varios testigos como un participante activo de la represión ilegal. El principal testimonio es el de María Elena Etchart: “Me ponía la pistola en la cabeza y yo no podía decir nada. Me llevaba a un monte, que está pasando Roca, y hacía conmigo lo que quería”, en referencia a que Camarro la violó en reiteradas oportunidades.

Si bien Camarro aún no ha sido imputado, resulta inadmisible para quienes formamos parte de la AJB mantener la afiliación de un agente acusado de este tipo de delitos, por ello el Congreso resolvió la suspensión hasta que se resuelva su situación procesal, que podría derivar en la expulsión del gremio en caso de que dicha imputación se formalice, tal como ocurriera en julio pasado con Luis Orlando Perea. Asimismo, el Congreso dispuso pedir a la Corte la desafectación de Camarro como empleado judicial.

Esta decisión reafirma, una vez más, la condición de defensora de los derechos humanos que la Asociación Judicial Bonaerense ha sostenido durante muchos años, y fundamentalmente ante los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última Dictadura Militar, de la que compañeros judiciales también han sido víctimas.